Cronicas de la emigración,La OIDE denuncia la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al Defensor del

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EN LO QUE SE REFIERE AL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE LOS DESCENDIENTES DE ESPAÑOLES

La OIDE denuncia la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al Defensor del Pueblo

Enrique Mújica.La Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) ha denunciado antes el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica Herzog, la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica en lo que al acceso a la nacionalidad española se refiere, entendiendo que tiene deficiencias y discriminaciones. En un comunicado reciente en el que expresaba su decepción con la aplicación de la Disposición Nacional Séptima de esta ley -referida a la nacionalidad-, la Organización ya anunciaba la adopción de esta medida.


Ahora informa de que ya ha presentado la denuncia y que el Defensor ha acusado recibo de la misma a uno de sus directivos, Juan Manuel Terradas Fernández, que reside en Barcelona.
En una carta fechada el pasado 28 de enero, Enrique Múgica informa a Terradas de que “se ha iniciado el estudio del asunto sometido a nuestra consideración“ y le mantendrán informado de la tramitación.
También le indica que “la presentación de un escrito en el Defensor del Pueblo no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente“.
A través de un comunicado reciente, de cuyo contenido informó este semanario, la OIDE declaraba su intención de, entre otras medidas, denunciar ante el Defensor del Pueblo las deficiencias y discriminaciones que encuentran en la aplicación de la normativa que facilita el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de españoles, cuando se cumple un año de su vigencia. La organización proclamó su decepción con la aplicación, descalificó esta disposición, aún reconociendo que “es un importante paso adelante“, y pidió “que se elabore una alternativa para el acceso irrestricto de los nietos a la nacionalidad española“.


Discriminatoria
La OIDE mantuvo que la aplicación de esta normativa “está siendo claramente discriminatoria, parcial, juri­dicamente ambigua, confusa administrativamente y engañosa poli­ticamente“ y “ha causado una gran decepción en muchos descendientes“.
La califica de discriminatoria porque, dice, “excluye a los nietos de abuelas o madres que hubieran contrai­do matrimonio con un extranjero“, precisando que ha habido una reciente rectificación al respecto pero que ésta es válida solamente para las exiliadas entre el 36 y el 55 y deja fuera a los hijos mayores de edad de los nietos que han accedido a la nacionalidad de origen mediante esta normativa, dividiendo a la familia.
Añade que “se ha violado la Constitución al despojar de la nacionalidad de origen mediante edicto a varias decenas de hijos de emigrantes por supuestos errores administrativos anteriores“.
También califica la ley de parcial porque, dice, va dirigida sólamente a los nietos de quienes emigraron o se exiliaron entre 1936 y 1955 y deja fuera a una cantidad importante de nietos, excluye a “los nietos cuyas madres obtuvieron la nacionalidad española por opción“ e impide a los nietos que tienen nacionalidad por residencia el cambio a la nacionalidad de origen.


Discrecionalidad
Asimismo consideran la actual normativa ambigua porque, dice, está refrendada en una Instrucción, “un instrumento juri­dico“ que considera de poco rango y que deja a la discreción del juez la decisión de aceptar o no a trámite la solicitud de nacionalidad y porque valora que su enunciado es ambiguo y se presta a interpretaciones por parte del funcionariado.
También la considera confusa y poco supervisada por el Gobierno porque, explica, los funcionarios piden en muchas ocasiones a los solicitantes de la nacionalidad “un número excesivo y abusivo de documentos no contemplados en la Instrucción“; porque durante el primer año “sólo se han otorgado varias decenas de nuevas partidas“ y porque afirma que se han cometido infracciones con los métodos de solicitud de citas y los documentos exigidos para probar la nacionalidad de origen de los hijos de emigantes sin que las autoridades “se enteren de tales atropellos“.
En ese comunicado, la OIDE se declara decepcionada porque, entre otras cosas, “las promesas del Gobierno, expresadas en boca del ministro Jesús Caldera y del presidente Zapatero, sobre el otorgamiento amplio de la nacionalidad a los nietos no se han cumplido“.
Entre las medidas anunciadas por la organización para presionar a favor de los intereses que defiende está, además de la denuncia al Defensor, la solicitud de una cita con la vicepresidenta primera del Gobierno, hacer llegar su posición a los medios de comunicación y a los partidos poli­ticos y solicitar al Ministerio español de Igualdad que informe “sobre si algunas interpretaciones de la ley vulneran el principio de igualdad entre hombres y mujeres“.

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