Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
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Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/24 ... b4595.html
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ha decidido encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles. El titular de Justicia aseguró todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.
El Ministerio de Justicia afirma que los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que se quiere establecer y que ya apuntaba la ley de 2011, que privatizó el Registro Civil. El modelo se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.
La reforma trata de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019.
Según el Ministerio, los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción). El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado.
Gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, serán innecesarias y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites, asegura el Ministerio.
Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días.
Entre los cambios que se introducirán figura la gratuidad tanto de las inscripciones como de las certificaciones que se realicen, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba. Habrá una oficina en cada capital de provincia.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ha decidido encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles. El titular de Justicia aseguró todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.
El Ministerio de Justicia afirma que los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que se quiere establecer y que ya apuntaba la ley de 2011, que privatizó el Registro Civil. El modelo se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.
La reforma trata de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019.
Según el Ministerio, los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción). El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado.
Gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, serán innecesarias y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites, asegura el Ministerio.
Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días.
Entre los cambios que se introducirán figura la gratuidad tanto de las inscripciones como de las certificaciones que se realicen, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba. Habrá una oficina en cada capital de provincia.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 65651.html
El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos años de idas y venidas en la negociación, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado hoy que la gestión del Registro Civil pasará a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegación, según Justicia, no tendrá ningún efecto para el ciudadano porque la titularidad seguirá siendo pública y porque todos los trámites que realiza el registro —y que ahora están en manos de jueces y funcionarios judiciales— seguirán siendo gratuitos. La delegación en los registradores de la propiedad (mucho más numerosos en España), que fue la primera opción de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumirán, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasarán a llamarse “registradores civiles y mercantiles”. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatización.
"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE.
El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruirán "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durará mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación [a los registradores mercantiles] a través de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. También CC OO ha anunciado que convocará una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.
La crítica ha llegado también del extremo opuesto: los futuros gestores del servicio. El Colegio de Registradores, que agrupa a los de la propiedad (mayoritarios) y a los mercantiles, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "absoluta disconformidad" con la decisión de Justicia, recuerda que siempre se ha opuesto a gestionar el Registro y augura "problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento". La nota apunta a un posible "cisma en el cuerpo de registradores" y anuncia que el Colegio tomará "las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general". Registradores mercantiles de Madrid y Barcelona consultados por este periódico han afirmado, no obstante, que harán lo que les encomiende el Gobierno porque son funcionarios públicos.
En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por juzgados de toda España, y en ellas trabajan unos 5.000 funcionarios que compatibilizan esa función administrativa con la judicial. Por el contrario, registradores mercantiles solo hay 120 en 60 oficinas, y con una plantilla total de unas 1.600 personas. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema, y sostiene que el objetivo es precisamente reducir el colapso y evitar las colas en los registros, además de liberar de esa tarea puramente administrativa a los funcionarios judiciales. El Registro Civil mueve unos 3,3 millones de trámites al año, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.
Gallardón afirmó que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juez de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador (también sin cobrar por ello). Además, un portavoz del ministerio aseguró que la menor plantilla se compensará con la inversión tecnológica que se va a realizar, que costearán los propios registradores y que cambiará todo el funcionamiento del Registro Civil. El plan es sustituir los trámites en papel por una “plataforma digital” en la que cada ciudadano tendrá un historial con sus datos, y favorecer así el intercambio entre administraciones sin que el ciudadano tenga que desplazarse físicamente al registro para la mayoría de los trámites. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.
El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión a "funcionarios no judiciales" había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.
Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.
Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.
Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.
Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo al "territorio competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque aquellas llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.
"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE.
El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruirán "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durará mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación [a los registradores mercantiles] a través de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. También CC OO ha anunciado que convocará una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.
La crítica ha llegado también del extremo opuesto: los futuros gestores del servicio. El Colegio de Registradores, que agrupa a los de la propiedad (mayoritarios) y a los mercantiles, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "absoluta disconformidad" con la decisión de Justicia, recuerda que siempre se ha opuesto a gestionar el Registro y augura "problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento". La nota apunta a un posible "cisma en el cuerpo de registradores" y anuncia que el Colegio tomará "las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general". Registradores mercantiles de Madrid y Barcelona consultados por este periódico han afirmado, no obstante, que harán lo que les encomiende el Gobierno porque son funcionarios públicos.
En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por juzgados de toda España, y en ellas trabajan unos 5.000 funcionarios que compatibilizan esa función administrativa con la judicial. Por el contrario, registradores mercantiles solo hay 120 en 60 oficinas, y con una plantilla total de unas 1.600 personas. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema, y sostiene que el objetivo es precisamente reducir el colapso y evitar las colas en los registros, además de liberar de esa tarea puramente administrativa a los funcionarios judiciales. El Registro Civil mueve unos 3,3 millones de trámites al año, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.
Gallardón afirmó que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juez de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador (también sin cobrar por ello). Además, un portavoz del ministerio aseguró que la menor plantilla se compensará con la inversión tecnológica que se va a realizar, que costearán los propios registradores y que cambiará todo el funcionamiento del Registro Civil. El plan es sustituir los trámites en papel por una “plataforma digital” en la que cada ciudadano tendrá un historial con sus datos, y favorecer así el intercambio entre administraciones sin que el ciudadano tenga que desplazarse físicamente al registro para la mayoría de los trámites. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.
El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión a "funcionarios no judiciales" había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.
Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.
Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.
Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.
Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo al "territorio competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque aquellas llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://www.registradores.org/detalle_no ... ROID=33556
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, tras el anuncio del ministro de Justicia de asignar a los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil, quiere manifestar su absoluta disconformidad con la decisión adoptada.
Los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
No obstante lo anterior, y ante la pretensión del Ministerio, el Colegio ha presentado distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.
Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia.
El Colegio lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos.
La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general.
Los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
No obstante lo anterior, y ante la pretensión del Ministerio, el Colegio ha presentado distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.
Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia.
El Colegio lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos.
La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 98016.html
El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.
Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un "cisma en el seno del Colegio", entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). "Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil", ha aseverado el decano.
Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el "modelo de gestión" del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.
Financiación a costa de los registros
El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también "la inmensa mayoría de los registradores mercantiles", y ha apuntado a que son "los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio" los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador. Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea.
El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha respondido a Aguilera que "por supuesto" se reunirá con él en cuanto lo pida, pero ha insistido en que la decisión de delegar la gestión del Registro Civil en los registradores mercantiles está tomada, y la de mantener la gratuidad también. Según Bravo, no es cierto que la inmensa mayoría de los registradores mercantiles estén en contra de esa decisión. "Hemos hablado con la mayoría de ellos y entienden que son funcionarios públicos y que tienen que asumir ese nuevo cometido", ha dicho. Bravo ha negado también que se vulnere normativa europea. El cambio de gestión del Registro Civil no será una realidad hasta dentro de uno o dos años.Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un "cisma en el seno del Colegio", entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). "Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil", ha aseverado el decano.
Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el "modelo de gestión" del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.
Financiación a costa de los registros
El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también "la inmensa mayoría de los registradores mercantiles", y ha apuntado a que son "los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio" los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador. Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
¿Alguien se apuesta a que pasa a ser un servicio de pago?....
Y cuando se equivoque el personal que hace tu inscripción (sin querer,.... o queriendo).... y te des cuenta de que tu nombre o el de tu padre/madre está mal,... o que ese no es el sitio donde naciste, ni en esa fecha,... ni .....etc., y te digan que para rectificarlo tienes que solicitar un expediente de rectificación, que te va a costar 150 o 200 € (después de haber pagado 75-100 € por el de obtención de la nacionalidad y otros 5-10-20 € por la expedición de la inscripción de nacimiento),.. y te dirás, ¿pero eso no está incluido?
¿Pero si el error lo cometió usted o el personal que trabaja para usted?... ¿Me está vacilando?....
Y nos fastidiaremos y habrá que pasar por caja para reparar los errores cometidos por terceros,.. que te plantearás si no se estarán equivocando «como queriendo» para subir los ingresos y poder cuadrar los gastos del servicio....
Al tiempo....
Y cuando se equivoque el personal que hace tu inscripción (sin querer,.... o queriendo).... y te des cuenta de que tu nombre o el de tu padre/madre está mal,... o que ese no es el sitio donde naciste, ni en esa fecha,... ni .....etc., y te digan que para rectificarlo tienes que solicitar un expediente de rectificación, que te va a costar 150 o 200 € (después de haber pagado 75-100 € por el de obtención de la nacionalidad y otros 5-10-20 € por la expedición de la inscripción de nacimiento),.. y te dirás, ¿pero eso no está incluido?
¿Pero si el error lo cometió usted o el personal que trabaja para usted?... ¿Me está vacilando?....
Y nos fastidiaremos y habrá que pasar por caja para reparar los errores cometidos por terceros,.. que te plantearás si no se estarán equivocando «como queriendo» para subir los ingresos y poder cuadrar los gastos del servicio....
Al tiempo....
Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
La ignorancia del Señor Gallardón sobre como funciona el cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es supina, TODOS los Registradores una vez aprobada la oposición puede optar a un Registro Mercantil o de la Propiedad dependiendo de lo que más le interese para sus ingresos y con arreglo al escalafón, pertenecen al MISMO CUERPO y sin distinción, y hoy puedo estar en un Mercantil y mañana solicitar uno de la Propiedad.
Esto es el mayor desastre que nos puede caer encima, algo que ni conocemos, ni sabemos, NI QUEREMOS ¿cómo en esta época de crisis podremos hacer frente a semejante gasto?, ¿cómo ampliar las plantillas sin ingresos?, ¿cómo tenemos que explicarle que NO QUEREMOS NI PODEMOS hacer esta labor?, es ridículo.
Y no sigo escribiendo que prefiero guardarme mi opinión sobre este señor.
Saludos.
Esto es el mayor desastre que nos puede caer encima, algo que ni conocemos, ni sabemos, NI QUEREMOS ¿cómo en esta época de crisis podremos hacer frente a semejante gasto?, ¿cómo ampliar las plantillas sin ingresos?, ¿cómo tenemos que explicarle que NO QUEREMOS NI PODEMOS hacer esta labor?, es ridículo.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
Y éste es el que era liberal, moderado y moderno dentro del PP...
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 79193.html
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se hará en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguirá igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.
El Registro Civil, donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera, realiza 3,3 millones de trámites al año. De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasará a 60. Bravo sostiene que eso no será un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizará. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, para el "80% de los trámites" los ciudadanos "no tendrán que acercarse físicamente al registro", porque el intercambio de documentación será directamente entre administraciones.
Esa plataforma tecnológica, que Justicia sacará a concurso en los próximos tres meses, tendrán que pagarla los registradores mercantiles, aunque será "de titularidad pública", ha dicho Bravo. También será pública la gigantesca base de datos que reunirá los datos de todos los ciudadanos, y para la que el ministerio quiere diseñar unas medidas de seguridad "extremas". El real decreto señala que el Servicio Civil "seguirá siendo gratuito, sin excepción de ningún tipo".
El cambio de gestión del Registro Civil ha sido criticado por partidos de oposición y sindicatos, que ven en él un paso hacia la privatización, algo que el Gobierno niega. Los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas. El Colegio de Registradores ha reiterado hoy su "absoluta disconformidad con la decisión del Gobierno", esto es, obligar a los registradores mercantiles a asumir el Registro sin cobrar por ello, y a costear además la inversión tecnológica. Por otro lado el Colegio teme que se vaya a provocar un cisma en el cuerpo de registradores, entre los de la propiedad y los mercantiles, porque el decreto ley establece que estos últimos tendrán que integrarse en una "nueva corporación de derecho público".
Puestos de trabajo en riesgo
El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO también han arremetido contra el cambio de gestión del Registro. No solo porque temen la privatización a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabará con miles de puestos de trabajo. El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los próximos días se aprobará una "norma complementaria" en la que explicará cómo se reubicará a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendrán.
La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administración de Justicia está transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades autónomas, y 700 de estos son interinos.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se hará en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguirá igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.
El Registro Civil, donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera, realiza 3,3 millones de trámites al año. De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasará a 60. Bravo sostiene que eso no será un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizará. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, para el "80% de los trámites" los ciudadanos "no tendrán que acercarse físicamente al registro", porque el intercambio de documentación será directamente entre administraciones.
Esa plataforma tecnológica, que Justicia sacará a concurso en los próximos tres meses, tendrán que pagarla los registradores mercantiles, aunque será "de titularidad pública", ha dicho Bravo. También será pública la gigantesca base de datos que reunirá los datos de todos los ciudadanos, y para la que el ministerio quiere diseñar unas medidas de seguridad "extremas". El real decreto señala que el Servicio Civil "seguirá siendo gratuito, sin excepción de ningún tipo".
El cambio de gestión del Registro Civil ha sido criticado por partidos de oposición y sindicatos, que ven en él un paso hacia la privatización, algo que el Gobierno niega. Los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas. El Colegio de Registradores ha reiterado hoy su "absoluta disconformidad con la decisión del Gobierno", esto es, obligar a los registradores mercantiles a asumir el Registro sin cobrar por ello, y a costear además la inversión tecnológica. Por otro lado el Colegio teme que se vaya a provocar un cisma en el cuerpo de registradores, entre los de la propiedad y los mercantiles, porque el decreto ley establece que estos últimos tendrán que integrarse en una "nueva corporación de derecho público".
Puestos de trabajo en riesgo
El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO también han arremetido contra el cambio de gestión del Registro. No solo porque temen la privatización a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabará con miles de puestos de trabajo. El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los próximos días se aprobará una "norma complementaria" en la que explicará cómo se reubicará a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendrán.
La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administración de Justicia está transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades autónomas, y 700 de estos son interinos.
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
Ya se fueEl Abuelo escribió:Y éste es el que era liberal, moderado y moderno dentro del PP...
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
Ahora reinará el caos... y la anarquía
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
Tal parece que el nuevo ministro es un hombre con gran capacidad de gestión y con conocimiento de las nuevas tecnologías:
http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... do_223157/
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
Javier2749c escribió:Tal parece que el nuevo ministro es un hombre con gran capacidad de gestión y con conocimiento de las nuevas tecnologías:
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Re: Los registradores mercantiles se encargarán del Registro Civil
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/24 ... b456c.html
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandona el actual proyecto de reforma del Registro Civil. Así lo ha explicado hoy en declaraciones públicas el propio ministro, que ha explicado que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha (15 de julio) como al propio modelo previsto de asignar la gestión a los registradores. El proyectos estaba ya en fase de enmiendas en el Congreso. "Estamos abiertos a propuestas. Sometemos el modelo a revisión. Nos replanteamos el plazo e incluso el modelo", ha explicado Catalá.
Las palabras del ministro suponen poner el marcador de la reforma a cero. No ha querido decir expresamente que el proyecto ya no saldrá adelante ni en julio ni antes de las elecciones generales noviembre, pero parece evidente que ante las "discrepancias" entre las partes implicadas no es factible que haya reforma antes del final de la legislatura.
"Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha dicho Catalá a las puertas del Tribunal Supremo, tras un acto del Colegio de Abogados de Madrid . "No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha añadido Catalá, que llegó al cargo el pasado septiembre.
El ministro ha explicado que retomará el diálogo con las partes afectadas la próxima semana. También ha precisado que no quiere que el diálogo se eternice y ha resaltado el proyecto de poder registrar los nacimientos y defunciones desde los propios hospitales vía telemática seguirá adelante.
Se trata de un nuevo proyecto del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón que no sale adelante tras, entre otros, el del aborto y el de las tasas judiciales. El origen de la reforma se encuentra una decisión unánime del Congreso, a propuesta del PSOE, para desjudicializar el Congreso. Cuando el PP llegó al poder propuso que fueran los registradores de la propiedad y mercantiles, en lugar de los jueces, los que se encargaran del registro. La idea que generó críticas desde numerosos frentes ante los que se interpretó como una "privatización" y un riesgo de que los trámites se encarecieran.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandona el actual proyecto de reforma del Registro Civil. Así lo ha explicado hoy en declaraciones públicas el propio ministro, que ha explicado que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha (15 de julio) como al propio modelo previsto de asignar la gestión a los registradores. El proyectos estaba ya en fase de enmiendas en el Congreso. "Estamos abiertos a propuestas. Sometemos el modelo a revisión. Nos replanteamos el plazo e incluso el modelo", ha explicado Catalá.
Las palabras del ministro suponen poner el marcador de la reforma a cero. No ha querido decir expresamente que el proyecto ya no saldrá adelante ni en julio ni antes de las elecciones generales noviembre, pero parece evidente que ante las "discrepancias" entre las partes implicadas no es factible que haya reforma antes del final de la legislatura.
"Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha dicho Catalá a las puertas del Tribunal Supremo, tras un acto del Colegio de Abogados de Madrid . "No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha añadido Catalá, que llegó al cargo el pasado septiembre.
El ministro ha explicado que retomará el diálogo con las partes afectadas la próxima semana. También ha precisado que no quiere que el diálogo se eternice y ha resaltado el proyecto de poder registrar los nacimientos y defunciones desde los propios hospitales vía telemática seguirá adelante.
Se trata de un nuevo proyecto del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón que no sale adelante tras, entre otros, el del aborto y el de las tasas judiciales. El origen de la reforma se encuentra una decisión unánime del Congreso, a propuesta del PSOE, para desjudicializar el Congreso. Cuando el PP llegó al poder propuso que fueran los registradores de la propiedad y mercantiles, en lugar de los jueces, los que se encargaran del registro. La idea que generó críticas desde numerosos frentes ante los que se interpretó como una "privatización" y un riesgo de que los trámites se encarecieran.
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