www.fororegistrocivil.es

CONCLUSIONES.
1. El artículo 17.1 c) del Código civil, cuya finalidad fue la de evitar situaciones de apatridia, no puede convertirse en un recurso “ad voluntatem” de los progenitores extranjeros para conseguir la nacionalidad española del hijo nacido en España. Que la legislación de los progenitores no atribuya al hijo otra nacionalidad significa que el nacido en España no puede quedar en situación de apatridia. Esto es lo que la norma procura al incorporar el criterio del ius soli.
2. La nacionalidad española iure soli ex artículo 17.1 c) del Código civil no debería proceder en los casos en que exista una “nacionalidad putativa” y siempre que la legislación de los progenitores facilite su obtención mediante la inscripción en el registro consular o la opción consular. La evolución y el cambio positivo de las legislaciones de los países analizados en este trabajo demuestra que el interés de política legislativa es facilitar iure sanguinis la nacionalidad de los nacidos en el extranjero hijos de sus nacionales: el favor nationalitatis junto con la posibilidad de la doble nacionalidad es un dato extraordinariamente positivo para sus nacionales.
3. Varias consecuencias no queridas por el ordenamiento jurídico se derivan del recurso al artículo 17.1 c) del Código civil por quienes sí tienen derecho a otra nacionalidad y no realizan o no quieren realizar la inscripción consular o la opción ante el Cónsul. Por una parte, se defrauda la propia norma de nacionalidad no pensada para estos supuestos. Por otra parte, el nacido puede ser “el niño ancla”, el instrumento para eludir las normas de extranjería relativas a la entrada y residencia en España.
4. Tampoco cabe duda de que se abre una vía “indirecta” de acceso a la ciudadanía europea, sin que los demás Estados miembros puedan cuestionar el modo de adquisición de la nacionalidad ni imponer requisitos adicionales para el reconocimiento de la misma en orden al ejercicio de las libertades fundamentales previstas en el TCE.
5. El recurso al artículo 17.1 c) del Código civil no es justificable cuando se tiene derecho a otra nacionalidad mediante una simple inscripción consular, nacionalidad que además no se pierde si se adquiere otra. También da lugar a situaciones injustas respecto de quienes la adquieren conforme al artículo 22.2 a) del Código civil que habrán de residir, legalmente, al menos un año.
6. Situación de injusticia que, de igual modo, se produce respecto de quienes no pueden utilizar a esta norma por tener atribuida otra nacionalidad que, sin embargo, no pueden hacer efectiva. Es el caso de los refugiados.
7. Parece razonable pensar que los países de ius soli —hoy convertidos en países de emigración— irán modificando progresivamente sus legislaciones para combinar, in favor nationalitatis, los criterios ius soli—ius sanguinis. Siendo esto así, el recurso a este precepto y las solicitudes de nacionalidad española por esta vía deberían disminuir.
8. Habrá de prestarse mayor atención a la evolución de las normas de nacionalidad aplicables a los extranjeros progenitores de niños nacidos en España si queremos evitar errores en la atribución de la nacionalidad española por la vía del artículo 17.1 c) del Código civil. La Instrucción de 28 de marzo de 2007 de la DGRN parece
confirmar esta preocupación, aunque la lista de países y de resoluciones incorporadas en su Anexo, en apariencia cerrada, obligará a revisar de modo permanente los supuestos en ella incluidos.