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Resolución de 17 de Febrero de 2011 (2ª)
III.1.1- Declaración sobre nacionalidad española.
No es español iure soli el nacido en España hijo de padre marroquí made boliviana.
En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la
promotora, contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Móstoles.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Móstoles el 6 de Febrero de 2007,el ciudadano marroquí M. y la ciudadana boliviana D. solicitaban para su hijo K., nacido en G. el 10 de Octubre de 2006, la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción en aplicación del artículo 17.1 c) del Código Civil. Adjuntaban la
siguiente documentación: certificación literal de nacimiento del menor, certificado negativo de inscripción en el Consulado General de la República de Bolivia en Madrid, certificado de nacionalidad emitido por el Consulado General del Reino de Marruecos en Madrid, certificado de inscripción negativo emitido por el Consulado General del Reino de Marruecos
y certificados de empadronamiento.
2.- Una vez elevado informe desfavorable del Ministerio Fiscal, la Encargada del Registro dictó auto el 21 de Marzo de 2007 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al no constar acreditado que la ley de Marruecos no atribuya su nacionalidad a los hijos de naturales de su país.
3.- Notificada la resolución, la solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revisión, al no poder inscribir al interesado en ninguno de los Consulados. Adjuntaba fotocopia del Libro de Familia.
4.- Trasladado el recurso al Ministerio fiscal, éste consideró conforme a Derecho el Auto recurrido. La Encargada del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 10-1ª de Septiembre de 1994, 7 de Diciembre de 1995, 24 de Enero de 1996, 18-3ª de enero, 30 de abril y 9 de septiembre de 1997 y 11-2ª de mayo y 27 de octubre de 1998, 1-1ª y 15-5ª de febrero de 1999, 11-2ª de
febrero, 24-1ª de abril, 31-4ª de mayo, 12-1ª, 15-1ª y 22-2ª de septiembre, 17-3ª y 28 de octubre, 18-1ª y 27 de diciembre de 2000 y 27-2ª de marzo y 5-1ª y 11 de abril y 5-1ª de mayo de 2001, 5-4ª de febrero de 2002, 10-2ª de mayo y 23-2ª de octubre de 2003, 26-1ª y 26-4ª de enero de 2004 y 26-3ª de enero de 2005 y 31-7ª de octubre de 2005.
II.- Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C.) que tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en España en 2006, inscrito en el Registro Civil español como hijo no matrimonial de padre marroquí y madre boliviana.
III.- Esta pretensión se basa en la forma de atribución iure soli de la nacionalidad española establecida en el artículo 17-1-c del Código civil para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
IV.- En lo tocante a la madre, de acuerdo con el conocimiento de la legislación boliviana adquirido por esta Dirección General, y confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana el 7 de febrero de 2009 no adquirían
automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo podía adquirirse por un acto posterior. Cabe por tanto admitir que la nacionalidad boliviana no fue transmitida al menor. Es necesario, pues, determinar el contenido y el alcance de la legislación marroquí del padre en orden a la atribución de su nacionalidad a su hijo nacido
en el extranjero (cfr. art. 12 nº6 C.c.), lo que presupone la siempre compleja tarea previa de valorar la prueba del Derecho extranjero aplicable y de interpretar sus mandatos.
V.- Pues bien, este Centro Directivo había mantenido hasta su Resolución de 27 de octubre de 1998 que el artículo 17-1-c del Código civil no era aplicable a los hijos de padre marroquí, porque por aplicación de la ley marroquí, los hijos de padre marroquí ostentaban de iure la nacionalidad marroquí por nacimiento, siendo indiferente el dato del carácter matrimonial o
no de tal filiación a la hora de valorar la adquisición, o falta de adquisición, de la nacionalidad española iure soli. Esta doctrina estaba basada en el conocimiento entonces adquirido de la legislación marroquí en la materia, y en concreto en el artículo 6 del Dahir nº250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de nacionalidad marroquí, el cual establece que tiene
la nacionalidad marroquí de origen por filiación: “1º el niño nacido de un padre marroquí; y 2º el niño nacido de una madre marroquí y de un padre desconocido”, y ello sin exigencias adicionales relativas al lugar de nacimiento y, por tanto, también en el caso de que el mismo tenga lugar en el extranjero. Tampoco condiciona el precepto mencionado la atribución de la
nacionalidad marroquí originaria a que el nacimiento del niño haya tenido lugar dentro de un matrimonio, lo que había permitido a esta Dirección General extraer la consecuencia de que dicha nacionalidad se transmitía al hijo con independencia del tipo de filiación y del estado civil del padre.
VI.- La doctrina anterior se vio reforzada a la luz de las modificaciones introducidas en el Código de Familia de Marruecos (Mudawana) en virtud del Dahir nº 1.04.22, de 3 de febrero de 2004, que promulga la Ley nº 70.03, y que entró en vigor el 5 de febrero de 2004. En efecto, resulta incuestionable que el Derecho marroquí asume el criterio de la transmisión
de la nacionalidad iure sanguinis como regla preferente (vid. artículo 6 del Dahir nº 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958), si bien ello lo hace asumiendo el principio básico propio del Derecho de familia islámico de que el parentesco se transmite por línea masculina, razón por la cual la transmisión de la nacionalidad por vía materna se condiciona a que el padre
sea desconocido. La legitimidad de la filiación presupone, en consecuencia, la prueba de la consanguinidad del padre respecto del hijo.
La filiación se presume iuris tantum por la Ley cuando el hijo nace durante el matrimonio o en un determinado periodo de tiempo posterior a su disolución compatible con la presunción de que la concepción fue matrimonial (cfr. arts. 152 a 154 de la Mudawana).
Pero tal afirmación, aislada de su contexto jurídico, supone a fecha actual incurrir en una suerte de “sinécdoque jurídica”, tomando la parte por el todo, pues son medios legales para la determinación de la filiación paterna no sólo la presunción legal que se deriva del matrimonio, sino también el reconocimiento y la cohabitación (cfr. art. 152 de la Mudawana
reformada), produciendo ésta los mismos efectos de prueba que el matrimonio, y ostentando el hijo reconocido los mismos derechos y deberes que los hijos matrimoniales (cfr. arts. 157 de la Mudawana reformada). Esta nueva situación legal obliga a extender la solución dada al caso de la filiación paterna matrimonial a los casos de matrimonios civiles contraídos en
el extranjero (matrimonio que en España presupone la cohabitación: art. 68 C.c.), y a los supuestos de filiación no matrimonial cuando quede acreditado el reconocimiento, válido para Marruecos, o la cohabitación.
VII.- En cuanto a estos efectos probatorios de la filiación no matrimonial, no puede obviarse el hecho de que la propia inscripción del nacimiento en el Registro Civil español constituye prueba de la filiación (cfr. arts. 113 C.c., y 2 y 41 L.R.C.), de especial importancia cuando la inscripción ha sido promovida por el padre conjuntamente con la madre, como sucede en
el presente caso, y practicada dentro del plazo legal (cfr. arts. 120 nº1 y 124 C.c.), siempre que no se aprecie imposibilidad biológica para la paternidad y que no se haya otra distinta acreditada (cfr. art. 113 “in fine” C.c.), y siempre que no pueda dudarse de la autenticidad del reconocimiento. La invocación en este punto de los citados preceptos del Ordenamiento
español se hacen no en calidad de reguladores del fondo del reconocimiento (al no haber cuestión en este caso sobre la necesidad de consentimientos complementarios o de otros posibles obstáculos legales), aspecto en el que hay algunos antecedentes en la jurisprudencia registral no pacíficos desde el punto de vista de su aceptación por parte de la doctrina
científica, sino en tanto que relativos a la “forma” del reconocimiento, y por tanto amparados en su pertinencia in casu por las reglas del artículo 11 del Código civil (cfr. Resolución de 25 de marzo de 1985). Finalmente ha de destacarse en esta materia la asunción del principio del favor filiationis por el Derecho marroquí, que sienta la presunción de que “la filiación es
legítima respecto del padre y de la madre salvo prueba en contrario” (vid. art. 143). Admitida, pues, la existencia de un vínculo filial entre el padre marroquí y su hijo, éste adquiere de iure por filiación desde su nacimiento la nacionalidad marroquí de su padre.
Consiguientemente, como la finalidad del artículo 17-1-c del Código civil es evitar situaciones de apatridia originaria, que aquí no se producen, no es posible declarar que el nacido ostenta la nacionalidad española.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 17 de Febrero de 2011.
Firmado: La Directora General: María Ángeles Alcalá Díaz.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Mostoles.

En el expediente sobre expedición de pasaporte remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra el acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1.- En contestación a la solicitud del ciudadano uruguayo, Don M-A. sobre la renovación del pasaporte español para su hijo, M-A. nacido en S de C. el … de … de 2005, el Cónsul General de España en Montevideo, con fecha 2 de febrero de 2011, le informa que no resulta posible acceder a su petición, por entender que la nacionalidad española, con valor de simple presunción, le fue indebidamente concedida al menor en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.

2.- Contra dicho acuerdo, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su solicitud.

3.- Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. El Encargado del Registro Civil Consular se ratifica en la decisión adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Registro Civil; 16, 163, 164 y 335 a 340 del Reglamento del Registro Civil 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 3 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección general de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción; y las Resoluciones de 23-5ª de marzo de 2006; 21-4ª de octubre de 2008; 14-5ª y 18-4ª de abril, 22-5ª de mayo, 22-3ª de junio, 1-8ª de septiembre de 2009 y 17-10ª de junio de 2009.

II.- El promotor, por escrito presentado ante el Consulado de España en Montevideo solicitaba la renovación del pasaporte de su hijo M-A. quien adquirió la nacionalidad española con valor de simple presunción en base al artículo 17.1.c) del Código Civil.
Por acuerdo de 2 de febrero de 2011, el Cónsul General de España en Montevideo, informa a los promotores que no procedería la renovación por entender que no les corresponde al menor la nacionalidad española con valor de simple presunción.

III.- El presente caso plantea diversas cuestiones que impiden analizar el fondo del asunto. En primer lugar, el expediente versa sobre la renovación de un pasaporte y en el acuerdo denegatorio, se da pie de recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Pues bien, en cuanto a la competencia sobre esta materia y, por tanto, para la resolución de los recursos que procedan, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es competencia del Cuerpo Nacional de Policía la expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes.
Asimismo, el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, establece en su artículo 3 que son órganos competentes para la gestión y expedición del pasaporte ordinario, “a) En el territorio nacional los órganos de la Dirección General de la Policía que depende del Ministerio del Interior” y “b) En el extranjero, la expedición se llevará a cabo por las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España”, encontrándonos claramente en este último supuesto, por lo que no correspondería a este Centro Directivo resolver sobre la cuestión objeto del recurso, es decir, la procedencia o no de la denegación de expedición de pasaporte al menor interesado.
Por otra parte, al resultar incorrecto el pie de recurso y habida cuenta de la presentación del recurso por el promotor, procedería la remisión de las actuaciones al Ministerio del Interior, competente en el presente caso.

IV.- Finalmente, se observa que el motivo de la denegación es que el Consulado considera que al menor no le correspondería con valor de simple presunción la nacionalidad española.
En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 a 97 de la Ley del Registro Civil, el Registro Civil Consular podrá promover expediente con el objeto de cancelar la anotación de declaración de la nacionalidad con valor de simple presunción del interesado.
En este sentido, en caso de declaración errónea de la nacionalidad española iure soli con valor de simple presunción respecto de los nacidos en España hijos de padre o madre uruguayos nacidos en Uruguay, se estará a lo dispuesto en las directrices quinta a séptima de la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: inadmitir el recurso interpuesto por falta de competencia y remitir las actuaciones al Ministerio del Interior, por ser el competente para resolver el recurso contra la denegación de la expedición de pasaporte ordinario.

Madrid, 17 de Marzo de 2014
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.